Coparticipación federal: ganadores y perdedores del reparto de fondos
Un estudio del Iaraf analiza la evolución en el reparto de los recursos en función de las modificaciones legales y las decisiones de los gobiernos.
El sistema de coparticipación de impuestos vigente está fundado en la Ley 23.548 del año
1988 con sus leyes modificatorias y complementarias, permanentemente sujetas a debate en tanto que no se apoyan en bases objetivas para establecer el reparto de recursos, a la vez que por mandato constitucional de la reforma de 1994 deberían haber sido reemplazadas en 1996 por un nuevo arreglo institucional.
Para el Iaraf, una particularidad que va al corazón del debate de la distribución es el caso de CABA, que aunque es considerada integrante del conjunto, obtiene su porcentaje de coparticipación de la participación legal del Tesoro Nacional, de manera que todo lo que ocurra legalmente con CABA (como por ejemplo el incremento actual de su coeficiente del 1,4% al 2,95% establecido por la Corte Suprema a partir de 2023) afecta tanto a la distribución primaria como a la secundaria efectivas.
El Iaraf recordó que inicialmente, la Ley 23.548 fijaba que el total de los recursos coparticipables se repartiera en un 42,34% para Nación, un 56,66% para provincias y un 1% para un Fondo de Aporte del Tesoro Nacional (ATN) cuyo destino era atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Pero en el camino se introdujeron muchos cambios, como las detracciones previas a la distribución primaria o sobre la masa coparticipable con destino a un determinado sector, también denominado "pre-coparticipación".
Puntualmente se estableció que el gobierno nacional quedaba autorizado a retener un 15% más una suma fija de 43,5 millones de pesos mensuales de la masa coparticipable con la finalidad de financiar el Sistema de Previsión o jubilatorio y otros gastos operativos. Luego se elevó el porcentaje asignado a Tierra del Fuego de 0,388% a 0,70%, modificando los coeficientes legales definitivos del régimen de coparticipación. Más adelante, y en el contexto de la crisis de 2002, se sancionó el "Acuerdo NaciónProvincias sobre Relación Financiera y Bases para un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos".
A fines del año 2020, la Ciudad autónoma de Buenos Aires tuvo un cambio en el coeficiente primario de distribución de recursos nacionales, que, en efecto, fue una baja desde el 3,5% al 1,4%. A fines del 2022, la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar que ordena entregarle a CABA el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y a la vez retirarle los fondos que obtenía a través de la cuenta Obligaciones del Tesoro para financiar el gasto de la fuerza de seguridad.
En ese contexto, si se analiza la evolución del coeficiente de participación de cada jurisdicción en la distribución primaria de los últimos 30 años, se encuentra que solo diez lograron crecer en los últimos años. CABA fue la que presentó el mayor crecimiento, seguida en el ranking por las provincias de Chaco, Tierra del Fuego, Santa Fe y Córdoba, en tanto los restantes distritos tuvieron pérdidas relativas de variable cuantía.
En el año 2022 las Provincias y CABA se quedaron de manera efectiva con el 49,5% del total de la recaudación tributaria nacional coparticipable.